Esta mañana, diferentes organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Esta medida lleva vigente 15 meses, desde marzo de 2022.
Las organizaciones señalan que 5,490 son las denuncias que han registrado de los presuntos hechos. Así lo informó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista. Afirma que las vulneraciones son de parte del Estado en el marco del régimen.
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Asimismo, agregó que casi el 80% de las víctimas son de género masculino, y un 13.83% femenino. También, registraron un porcentaje «bajo» pero «relevante» de hombres y mujeres transgénero que habrían sufrido agresiones.
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Cristosal, en el comunicado adjunto en su Twitter, especificó que los presuntos abusos de parte de las fuerzas de seguridad incluyen detenciones arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones, agresiones y violaciones sexuales.
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También, se han reportado 173 muertos bajo custodia del Estado. Según el mismo reporte, algunos fallecidos presentaron señales de «tortura», «desnutrición» o enfermedades crónicas que no se trataron.
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Un 95.32% de víctimas denunciaron una detención arbitraria o ilegal.
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La mayoría de los denunciantes (53.48%) son personas entre los 19 y 30 años, seguido de la franja de 31 a 59 (33.08%). La mayoría de víctimas (38.07%) son de San Salvador.
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Los victimarios identificados, según la institución, son la Policía Nacional Civil (PNC), con 74.97% de las denuncias, seguida de la PNC conjunta con la Fuerza Armada (14.75%) y solo la Fuerza Armada (7.09%).
Los informes de la UCA y Cristosal sobre denuncias
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la ONG Cristosal presentaron este año dos informes sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador, a un año del régimen de excepción.
El de la UCA señala que algunas de las capturas han sido «arbitrarias», pues no se les ha informado a los detenidos las razones de su detención.
Según Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio, el aumento «desproporcionado» en el número de capturas, ya es un «indicador» del presunto abuso de la detención en flagrancia.
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Asimismo, afirmó que hay una situación de hacinamiento en las cárceles. Cristosal, por su lado, aseguró que había «castigos y palizas permanentes« al momento del conteo de reos, y uso de choques eléctricos. Así lo dijo Zaira Navas, jefa jurídica de estado de derecho.
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También, aseguró que algunos muertos tenían la “cabeza reventada y fueron vapuleados en el estómago”, y el cuerpo está “totalmente” lacerado.
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El informe recogía el caso de un joven de 24 años que murió, según el reporte de Medicina Legal, por un edema pulmonar. Sin embargo, el cuerpo presentaba una perforación que atravesaba uno de sus hombros, y tenía laceraciones en las rodillas.
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