Hoy, el Ministerio Público (MP) de Guatemala, encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras, ha allanado la sede del partido Movimiento Semilla, en cumplimiento, dice la institución, a la resolución dictada por el juez Fredy Orellana el 12 de julio, de suspender la personería jurídica del instituto, a fin de que no participe en la segunda vuelta electoral de Guatemala.
Así lo comunicó el ente en su cuenta de Twitter:
La diligencia se realiza para obtener indicios que «fortalezcan» la investigación del juzgado contra Semilla, «respetando» lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual otorgó un amparo provisional que dejó sin efecto la resolución de Orellana.
Esa vez, el máximo tribunal del país habilitó la participación del movimiento en el balotaje contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el próximo 20 de agosto.
Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el movimiento, se pronunció al respecto, alegando que es una demostración «flagrante» de la «persecución política» que denuncian.
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A pesar del amparo de la CC, el día de ayer, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó, por segunda vez, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Asimismo, el juez Fredy Orellana, del tribunal séptimo de sentencia, ordenó la captura de la titular interina del registro, Noemí Castillo Pinzón, a pesar de gozar de inmunidad.
En ese momento, el TSE emitió un comunicado, exigiendo respeto y garantía a los principios fundamentales del debido proceso, y el derecho a la defensa:
Amparo del TSE para evitar intromisión entre balotaje Semilla y UNE
Asimismo, el ente colegiado presentó un amparo en la madrugada a la CC contra ocho funcionarios, incluyendo a la fiscal Consuelo Porras; la presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema, Silvia Valdés; el ministro de Gobernación, David Barrientos, el de Defensa, Henry Reyes; el director general de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano y el ministro de Finanzas Públicas, Edwin Cameros, según recogió un medio de comunicación local.
En el amparo, argumentan que este es necesario ante “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
El amparo pide que los funcionarios se abstengan de emitir decisiones u órdenes que atenten contra la realización del proceso electoral.
La Corte de Constitucionalidad, por su parte, aclaró que su amparo anterior dejaba sin efecto la sentencia del juez Orellana, e insta a gobernantes y gobernados a respetar la democracia del país:
Hace un par de días, Orellana también giró orden de captura contra dos exintegrantes de Semilla, Cinthya Rojas y Jaime Gudiel Arias, por estar involucrados en las supuestas adhesiones ilegales que acusa al movimiento de hacer cuando se constituía como partido político, y por las cuales ordenó la suspensión de su personería jurídica.
