Este día, el Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, acompañado por Cristosal, solicitaron a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) agilizar las denuncias presentadas ante la institución por 43 personas del Bajo Lempa presuntamente afectadas durante el régimen de excepción.
Además, las instituciones solicitan que las autoridades penitenciarias cumplan una orden de liberación inmediata girada para uno de los integrantes de la comunidad del Bajo Lempa, José Duval Mata. El cual alegan que todavía se halla en prisión. Su madre estuvo presente en la manifestación.
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El director de Litigio Estratégico, Abraham Ábrego, pidió que la PDDH agilice los trámites de las denuncias. Además, solicita que emita un pronunciamiento por la no liberación del joven.
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Por otro lado, una nuera de una detenida, el 18 de junio de 2022, que responde al nombre de Milagro Saraí Posada Fuentes, con tres hijos, ha denunciado que no sabe nada de ella desde su captura.
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Caso José Duval Mata
La comunidad del Bajo Lempa emitió un comunicado divulgado por Cristosal, donde apuntan que José Duval Mata obtuvo una orden de liberación inmediata en junio, que todavía no se ha hecho efectiva.
Detallan que el hombre fue arrestado en abril de 2022. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el Juzgado Especializado de Instrucción ordenó su libertad, estableciendo medidas alternas a la detención provisional.
En noviembre de 2022, mientras salía del Centro Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, fue detenido por segunda vez.
El Tribunal encargado del proceso de la recaptura, dice el Comité, se declaró «incompetente» para juzgar la nueva acusación. Alegó que ya había un proceso en marcha por el mismo delito en un Tribunal contra el Crimen Organizado.
Por ello, ordenó su libertad inmediata, y se emitió un oficio para el director del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), Osiris Luna Meza.
El 12 de junio, el Cecot fue notificado de la resolución. Sin embargo, hasta la fecha la persona permanece detenida, alega el Comité.
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Agrega que las recapturas están siendo una práctica «constante en el contexto del régimen de excepción«. Alega que a veces se les procesa por el mismo delito, y en otros casos, se les imputa cargos adicionales, «infringiendo la prohibición de doble juzgamiento».
Finalizan diciendo que los directores de Centros Penales que se niegan a liberar tras orden judicial podrían incurrir en el delito de privación de libertad, tipificado en el artículo 148 del Código Penal.
Caso Escuadrones de la Muerte
Por otro lado, la entidad reveló que hoy se suspendió por segunda vez la vista pública del caso Andrés, donde se juzgaría, por primera vez, a presuntos miembros de los escuadrones de la muerte, acusados de asesinar a cinco personas en el cantón San Andrés, en San Miguel, en 1982.
David Morales, jefe de Justicia Transicional, puntualizó que se suspendió porque el Tribunal argumentó que hay una audiencia en curso en el mismo juzgado. La otra razón es que el abogado de uno de los acusados fue nombrado hace poco, por lo que pidió tiempo para estudiar el caso.
Cristosal dice que es un caso importante para el país, pues sería el primer juicio por delitos de Lesa Humanidad durante la Guerra Civil, después de que la Sala de lo Constitucional dejara sin efecto la Ley de Amnistía en 2016.
