Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solicitarán, en la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que admitan las pruebas del ente de persecución penal contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
La FGR lo acusa de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y apropiación y retención de cuotas laborales, por un monto de $5,217,129.47.
Estas retenciones se habrían dado en el periodo de enero de 2019 a marzo de 2021, en perjuicio de trabajadores de la comuna.
Al exedil lo procesan junto a los exempleados Fernando Heriberto Portillo Linares y Santos Omar Muñoz González. La FGR estima que la audiencia durará cinco días.
En su nota en el portal web, la Fiscalía afirma que tras las investigaciones se descubrió que Muyshondt habría «retardado» las soluciones, a fin de evitar que se pagaran las cuotas laborales de los empleados a los acreedores.
La FGR acusa que esto, junto a los trabajadores, habría sido en perjuicio de 41 víctimas y 54 instituciones financieras.
Entre los afectados, según la FGR, se encuentran:
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- Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
- Sindicatos
- Bancos
- Cooperativas
- Personas que brindan servicios profesionales.
A Muyshondt todavía tiene un proceso pendiente, por los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en el marco de las elecciones presidenciales del año 2014, y de alcaldes y diputados del 2015.
Absolución
Muyshondt fue absuelto el 9 de agosto pasado por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador de los delitos que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR), que eran incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones y percepciones tributarias.
La Fiscalía pedía seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, y ocho por la apropiación indebida. La institución alegaba que el monto de esta ascendía a los $275,145.31.
El proceso contra Muyshondt
Ernesto Muyshondt fue capturado en junio de 2021, y permanece desde esa fecha en el centro penal de La Esperanza, también conocido como Mariona. El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al exalcalde en abril de este año.
Cumplió dos años de detención provisional en junio de este año, siendo el límite establecido por el Código Procesal Penal. Sin embargo, no fue liberado y en julio la FGR le agregó otro dictamen de acusación por retención indebida.
En varias ocasiones, Muyshondt ha alegado sufrir malos tratos en la prisión y vulneración a sus derechos. En junio de 2022, en una declaración a los medios, alegaba que ha estado “al borde de la muerte”, y que en el último mes había tenido que salir dos veces de emergencia al hospital, por hipoglucemia y ”lesión“.
Afirmó ante el juez del Juzgado Octavo que se le había negado la atención médica. También, cree que puede tener cáncer, y ha alegado ser un “preso político”. Por eso solicitó una audiencia de revisión de medidas.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República, Nayib Bukele, la abogada defensora de derechos humanos, y directora de Casla Institute, Tamara Suju, aseguraba que Muyshondt estaba siendo “torturado psicológicamente, sometido a tratos crueles y degradantes que lo han llevado a atentar contra su vida”.
