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jueves, 19 septiembre, 2024

Fiscalía pide que bienes de Sánchez Cerén pasen al Estado

La FGR solicitará que pasen al Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

La Fiscalía General de la República (FGR), en su cuenta de X, confirmó que pedirán la extinción de dominio contra el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y su grupo familiar, a fin de que pasen al Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias.

Esta petición precisó el ente, también incluye al exsecretario privado de la presidencia, José Manuel Melgar Henríquez. El monto total de los bienes es de $1.5 millones.

La FGR argumenta que producto de las investigaciones realizadas, se descubrió que el exmandatario habría tenido, mediante lavado de dinero y activos, un incremento patrimonial no justificado, de fondos provenientes del Estado hacia diferentes cuentas. Esto habría ocurrido en su quinquenio (2014-2019).

El fiscal detalló que los miembros de su grupo familiar involucrados, son su yerno, William Osvaldo Vaquero León, y su hija, Dolores Ivette Sánchez de Vaquero.

Precisó que la acción de hoy se da tras el aviso de la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la FGR, a través del grupo contra la impunidad, del cometimiento de los presuntos delitos de lavado de dinero y activos y peculado, por un monto aproximado de $187 millones.

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En el proceso se ha incluido el inmueble incautado en la colonia Utila, en Santa Tecla, en diciembre de 2022. Adicional a ese, se le han agregado los tres de ahora.

La incautación al inmueble de Sánchez Cerén

En diciembre, la FGR incautó el inmueble en la colonia mencionada, y tres vehículos automotores. Además, inmovilizó dos cuentas bancarias propiedad de Sánchez Cerén y su yerno.

En agosto de 2022, el fiscal afirmó que el yerno de Cerén recibió complementos salariales de US$2,750.00 mensuales, y habría remodelado la vivienda de Utila con mano de obra y maquinaria del Ministerio de Defensa.

Agregó que con dichos pagos pudo adquirir la vivienda, la cual asegura que estaba en «completo abandono».

En ese momento, la institución precisó que estaba siendo procesado, junto a 16 exempleados de casa presidencial y particulares, por el presunto uso ilícito de fondos públicos entre los años 2016 y 2019.

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