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viernes, 22 noviembre, 2024

Departamento de EE. UU. dice que deuda es «insostenible», pero señala aumento en inversión

El Departamento de Estado de EE. UU. destaca reducción de la criminalidad, pero falta de atracción de inversión extranjera "significativa".

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.) emitió el informe anual para 2023 sobre las condiciones económicas de El Salvador y sus posibilidades para generar un clima de inversión en la nación.

La agencia puntúa que la deuda pública está en un camino «insostenible«, y que eso «crea incertidumbre sobre la capacidad de El Salvador para cumplir con sus compromisos futuros».

Han puntualizado que El Salvador ha mantenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr la concreción de un préstamo, sin éxito, y que el PIB se recuperó con fuerza después de la pandemia, hasta alcanzar un incremento del 11.2% en 2021.

Puntualizan que la economía creció un 2.6% en 2022, y que el FMI pronostica que el PIB real crecerá un 2.4% en 2023.

Fortalezas y debilidades de El Salvador, según Departamento de EE. UU.

Como fortalezas de El Salvador como destino de inversión, la agencia norteamericana destaca:

  • Su ubicación
  • Los términos comerciales preferenciales del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana.
  • El uso del dólar como moneda de curso legal.
  • Las recientes mejoras en el entorno empresarial.

Como debilidades, apuntan:

  • Los niveles significativos de deuda soberana
  • El legado de décadas de violencia de pandillas
  • La falta de transparencia en la formulación de normas.

Puntualizan que el bitcoin ha tenido un impacto mínimo en la economía salvadoreña, y que pocos salvadoreños lo usan. Dicen que estos bajos niveles de adopción han reducido el impacto de sus posibles riesgos.

También, puntualizaron que se aprobó, a través de la Ley de Emisión de Activos Digitales, la emisión de un activo digital soberano basado en blockchain, donde también se incluye un marco regulatorio para los emisores de activos digitales y los proveedores de servicios de activos digitales.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha anunciado la intención de emitir una nueva moneda.

Por otro lado, argumentan que El Salvador se ha quedado relegado respecto a los países centroamericanos en la atracción de inversión extranjera directa en los últimos años. Lo atribuyen parcialmente a la extorsión y la delincuencia generalizada relacionada con estructuras criminales.

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De igual forma, señalan que el arresto de más de 72,000 personas bajo el marco del régimen de excepción ha reducido «significativamente» la actividad criminal, pero ha generado «preocupaciones» sobre el estado de derecho y los derechos humanos de los presos.

La reducción criminal ha propiciado que la diáspora y empresas nacionales aumenten la inversión, sobre todo en sectores de turismo, construcción y comercio mayorista y minorista, pero esto no se ha traducido en inversión extranjera directa «significativa«.

Inversión en El Salvador

El informe ilustra que los sectores con mayor inversión son los comercios minoristas y el textil, y que la inversión en energía ha incrementado en los últimos cinco años.

El reporte señala que dada la limitada capacidad fiscal para inversión pública, el Gobierno busca crear Asociaciones Público Privadas para ejecutar proyectos de infraestructura. Estos podrían brindar oportunidades a las empresas estadounidenses, afirma el Departamento de Estado.

Para la agencia, los proyectos incluyen mejorar la conectividad vial y la logística, ampliar la capacidad aeroportuaria, y mejorar el acceso al agua y la energía, así como al saneamiento. 

Informe de Fusades sobre inversión

También, hacen referencia al informe de 2021 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) donde se destacó que la falta de atracción de inversión sigue estando limitada por:

  • La falta de una estrategia integral de desarrollo y competitividad.
  • La mala coordinación entre las agencias gubernamentales en materia de inversión y otras cuestiones, como la promoción y el seguimiento.
  • Las limitaciones de la capacidad institucional.

El departamento dice que otro informe de la misma institución de 2022, también ilustró que no contar con una estrategia de atracción de inversiones impide que El Salvador aproveche el nearshoring, «para incorporarse a las cadenas de suministro globales, diversificar su estructura productiva, y ampliar el acceso a tecnología e innovación».

Sobre la transparencia del sistema regulatorio, el departamento apunta que las leyes y normas salvadoreñas generalmente son transparentes y fomentan la competencia, «pero la rendición de cuentas del gobierno se ha debilitado en los últimos años». 

También, señalan que la aplicación «discrecional» de las normas «puede complicar las transacciones rutinarias, como los despachos de aduana y las solicitudes de permisos».

Asimismo, detallan que la principal «queja» de las compañías es que las leyes se aprueban e implementan «rápidamente, sin realizar consultas significativas y formalizadas, ni evaluar el impacto en el clima empresarial».

Además, argumentan que la participación pública es «limitada«, y que aunque la ley salvadoreña brinde oportunidades para que las empresas realicen consultas sobre las regulaciones, las mismas se «quejan» de que pocas veces se puede establecer un diálogo bidireccional genuino sobre el efecto de tales medidas.

Corrupción según EE. UU.

La agencia asegura que El Salvador tiene una prensa «activa y libre» que informa de la corrupción, y que esta puede ser un desafío para la inversión en el país. Además, dijo que la efectividad de la aplicación de las leyes contra la corrupción es «cuestionable«.

El Salvador ocupa el puesto 116 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción 2022 de Transparencia Internacional.

Por otro lado, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Departamento de EE.UU. dijo:

«En este Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, pedimos a los gobiernos de todo el mundo que pongan fin a esta práctica, hagan rendir cuentas a los responsables y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas».

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