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jueves, 21 noviembre, 2024

Femes denuncia presunta corrupción y abusos laborales en 150 alcaldías

Femes estima que han despedido a 1,200 empleados en más de 150 alcaldías a nivel nacional. Pronto pondrá un aviso en la FGR.

La Federación de Empleados Municipales de El Salvador (Femes) denunció un pliego de supuestas irregularidades y abusos laborales que estarían ocurriendo en más de 150 municipalidades del país.

Las presuntas violaciones incluyen impago de salarios, retención de cuotas laborales, falta de equipo y despidos «injustificados«. Estos llegan a los 1,200 a nivel nacional, según la federación.

Diana Maya, vocera de Femes, afirmó que algunas alcaldías estarían usando fondos públicos para supuestamente otorgar contratos a empresas ligadas a funcionarios de las mismas, además de financiar campañas políticas.

Añadió que la federación tiene un equipo jurídico que está preparando una serie de demandas. Estas se presentarán en la Fiscalía General de la República (FGR) en las próximas semanas.

Video/TCS

Maya expandió que el equipamiento consiste en herramientas de seguridad, como el calzado, guantes, uniformes y demás equipo «necesario para prestar el servicio a la ciudadanía».

Ernesto Estupinián, otro vocero de la institución, precisó que tienen registro de denuncias, correspondientes a cerca de 150 alcaldías a nivel nacional. Incluyen la de Soyapango, Zacatecoluca, Berlín y Tecapán, Usulután, entre otras.

Video/TCS

Hay amenazas, según Femes

Femes afirmó en sus redes oficiales que hay trabajadores presuntamente amenazados con sacarlos de sus casas o despedidos por haber exigido el pago de las retenciones. Estas incluyen las prestaciones que se deben dar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las AFPs.

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En declaraciones a otro medio local, Estupinián añade que también hay supuestas retenciones para pagar créditos que tienen algunos empleados con instituciones públicas, como el Fondo Social para la Vivienda (FSV).

Además, afirma que según la información recabada, las comunas estarían usando los recursos para contratar «activistas políticos» para la campaña electoral. Así como otorgar contratos a empresas cuyos propietarios son funcionarios de la alcaldía, además de gasto en «publicidad y propaganda».

Añade que los gastos bajo concepto de proyección social se hacen para «publicitar la imagen del alcalde o del Concejo Municipal ante la sociedad».

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