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viernes, 22 noviembre, 2024

Honduras inició su estado de excepción

El Gobierno de Xiomara Castro en Honduras dio inicio a su estado de excepción por 30 días, este tendrá vigencia hasta el 6 de enero de 2023.

En Honduras, desde ayer inició a regir el estado de excepción por 30 días en varias ciudades de los departamentos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El objetivo es combatir los altos índices de violencia, de acuerdo con el decreto de la presidenta Xiomara Castro.

A partir de las 18:00 hora local de ayer martes 6 de diciembre inició la medida. Esta tendrá vigencia hasta el jueves 6 de enero del próximo año. La medida estará en colonias y barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reporta un incremento del cobro de extorsión.

El decreto tiene la facultad de detener a las personas que las autoridades determinen responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones con estructuras criminales. Además, de aquellas que hayan cometido crímenes en sectores del Distrito Central y de San Pedro Sula.

Presencia policial en Honduras

La presencia policial se mantiene en los barrios y colonias durante el Estado de Excepción. Agentes de la policía realizan registro a los ciudadanos, evitar faltas y delitos

El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dio a conocer que también estarán en otras partes del territorio hondureño. Entre ellas están: Valle de Sula (Cortés), La Ceiba (Atlántida) y Choluteca, zonas en departamentos afectados por estructuras criminales.

Según un comunicado de la policía, tomaron en cuenta los frecuentes delitos y otros factores captados por su sistema inteligencia, orientados al tratamiento del flagelo de la extorsión y delitos conexos.

El pasado jueves, la presidenta Xiomara Castro anunció «un Estado de Excepción» en el marco de «una emergencia nacional» para combatir a las pandillas.

Un decreto aprobado por Castro anotó que «en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados (…) se resuelve: suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República».

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