Un juez en Perú decretó un año y medio de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado miércoles 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso de su país y establecer un gobierno de excepción.
En la resolución del juez Carlos Checkley, estableció que existen los elementos para fundamentar la acusación por los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
El presidente destituido permanecerá detenido en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima. Además, el magistrado también estableció la comparecencia periódica del ex primer ministro Aníbal Torres. A Torres se le impuso una fianza y le restringió sus movimientos mientras es investigado.
Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración. También como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El Ministerio Público ha calificado la investigación como compleja y tendrá una duración de ocho meses.
Situación crítica en Perú por prisión de Castillo
Desde el fallido autogolpe de Estado por el destituido, las protestas y el caos han aumentado en las calles de Perú.
Ante ellos, el gobierno de la nueva presidenta, Dina Boluarte, ha ordenado un toque de queda nocturno durante 30 días, en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos.
La detención del expresidente desató desde el domingo pasado una ola de protestas en la nación andina, exigiendo que la presidenta Dina Boluarte no siga al mando.
El ministro de Defensa, Luis Otárola, declaró el pasado 14 de diciembre, la imposición de un Estado de Emergencia Nacional por 30 días, con el fin de proteger la infraestructura y el orden interno del país debido “a los hechos vandálicos y violentos de toma de carreteras y caminos, y que requieren una respuesta contundente del gobierno”.
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