El día de ayer, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentó una serie de recomendaciones sobre la Ley de Compras Públicas, con el propósito de garantizar la transparencia en los procesos de las instituciones públicas.
Ante este panorama, en el espacio de entrevista Frente a Frente, la directora de Transparencia e Integridad de la fundación, Jessica Estrada, y el coordinador de proyectos, Jiovanni Fuentes, explicaron sobre las recomendaciones del informe “¿Compras Públicas abiertas y transparentes en El Salvador? Limitaciones y Desafíos”.
En primer lugar, la directora comparó la antigua Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) con la vigente Ley de Compras Públicas (LCP) para determinar las fortalezas de cada marco normativo y eliminar la dispersión con regímenes especiales.
Asimismo, el coordinador del proyecto de FUNDE, mencionó que, tal y como está actualmente el marco que regula las compras públicas, aparece mucha discrecionalidad, poca publicidad de los procesos, también mucha reserva de información sobre los procesos de contratación que está realizando la constatación pública.
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En este mismo sentido, los especialistas enfatizaron que la nueva Ley se realizó sin las debidas consultas a actores claves, como la Superintendencia de Competencia y el Órgano de Mejora Regulatoria.
Además, fue realizada fuera del marco establecido por la Ley de Mejora Regulatoria, que posee pautas que habrían sido positivas tomar en cuenta.
Por lo que, para mejorar esta situación, FUNDE propone diversas recomendaciones, entre las principales son:
- Eliminar las disposiciones que eximen a ciertos proyectos de la aplicación de la LCP
- Realizar una auditoría interna rigurosa
- Crear un nuevo reglamento que consolide los lineamientos para mejorar la aplicación de la norma.
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Ley de Compras Públicas
En enero de 2023, la Asamblea Legislativa, aprobó con 66 votos dicha normativa para regular los procesos con los que los funcionarios usan los recursos provenientes de los impuestos de los salvadoreños, pese a múltiples cuestionamientos presentados a la ley.
Entre los propósitos del cuerpo de esta normativa era para establecer nuevas disposiciones al régimen de la contratación administrativa e implementar el uso de tecnologías de la información y la comunicación para viabilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales. Así como herramientas que permitan establecer medidas de control y auditoría.
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