La semana pasada se presentó en la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de reforma a la Ley Penal Juvenil. Esta busca que menores de edad vinculados a pandillas cumplan penas en centros de detención junto a adultos.
La iniciativa propone modificar el artículo 119 para que los menores de edad en detención provisional o con pena de prisión por delitos relacionados con el crimen organizado, especialmente aquellos vinculados a pandillas, cumplan sus condenas en centros penales junto a adultos, pero en pabellones separados.
Analistas consideran que la nueva solicitud es coherente con las reformas de seguridad de los últimos años.
«El propósito es dividir, separar y proteger a las personas menores de edad que no son sujetos de delitos de crimen organizado. De tal manera que si hay una pena de prisión para una persona de 16 años y una pena de 20 años, tal como estaba anteriormente, esta persona llegaría hasta los 30-35 años en un centro de detención para menores de edad. Situación como ya se ha mencionado que pudiera ser perjudicial para un menor de edad de 15-16 años teniendo una relación o una vinculación o una influencia negativa», señaló el analista Alberto Machado.
Video / TCS. / Reportaje elaborado por: Tatiana Arévalo.
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Reforma no garantizaría el proceso de rehabilitación de los menores
No obstante, algunos expertos opinan que la propuesta no aborda adecuadamente esas situaciones específicas y, de aprobarse, no garantizaría un proceso de rehabilitación efectivo para los menores de edad.
«El tema de los espacios recreativos, de crecimiento, de resocialización de talleres, de visitas que puedan tener niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Son temas que difícilmente veo que puedan verse correctamente administrados. Tienen que ser centros que estén lo suficientemente adecuados y equipados para todos los procesos que involucra la convivencia y la resocialización. Cosas que no se van a asegurar con los términos en los que actualmente viene la reforma», resaltó el abogado Waldo Feusier.
El debate ahora recae en los legisladores, quienes deberán analizar las implicaciones de esta medida, tanto en términos de seguridad como en la rehabilitación y reinserción de los jóvenes infractores.