El directivo y abogado del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (FUNDE-ALAC), Wilson Sandoval, visitó el foro de «Frente a Frente» para analizar la reciente aprobación de la nueva Ley de Compras Públicas, decretada por la Asamblea Legislativa la semana pasada, y la cual sustituirá a la ya derogada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Sandoval apuntó que la nueva ley tiene elementos innovadores, pero también «falencias técnicas» que podrían mejorarse.
Puntos «preocupantes»
Como puntos «preocupantes», considera que la Dirección General de Compras Públicas (DINAC), el nuevo ente que fiscalizará las compras y adquisiciones del Estado, surge en un contexto de «ambigüedades«, donde no se comprende cuál es el «espíritu» de la normativa.
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Sandoval considera esto porque, en la nueva ley, la fiscalización de la DINAC no aplica para los «proyectos estratégicos» del Ejecutivo, como el Tren del Pacífico. «A nuestro criterio son proyectos que deben tener mayor control, transparencia y regulaciones», aseveró el directivo.
Otros punto «preocupante» tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Sandoval apuntó que la LACAP establecía que al menos un 25% de las compras públicas iban a ser adquiridas a pequeñas y medianas empresas, y con esta nueva ley ya no se define ningún porcentaje.
Otra «preocupación» es el artículo 25 literal D, que prohíbe comprar bienes o servicios a funcionarios de elección popular, pero que no lo prohíbe con funcionarios públicos de menor rango que no sean de elección popular (por ejemplo, un ministro). «La LACAP era más específica, establecía excepciones claras«, aclaró el abogado.
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Puntos a mejorar
Para Sandoval hay tres puntos que pueden mejorar la aplicación de la nueva ley: que se cumpla Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y no abusar de los «proyectos estratégicos«.
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¿Qué era la LACAP?
La LACAP era el mecanismo que regulaba los requisitos y condiciones legales para toda la adquisición de bienes o servicios del Estado a terceros, generalmente empresas privadas. Dicha ley establecía las condiciones de licitación, concurso y contratación de esos bienes y servicios.
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