Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental CRISTOSAL, visitó Debate TCS para ampliar detalles del aviso puesto el pasado 25 de enero junto a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos intentos de hackeo a cuentas de WhatsApp de periodistas en noviembre y diciembre de 2022.
«Desde hace más de un año se vienen reportando los casos de intervenciones telefónicas indebidas a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil, con una vulneración flagrante al artículo 24 de la Constitución«, aseguró la abogada.
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La directiva aseguró que el gobierno salvadoreño tiene un software espía desde 2021 y que, según cree, no lo ha usado con organizaciones criminales.
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Denuncia en la Corte de Cuentas
Por otro lado, recordó que Cristosal ya había interpuesto una denuncia a la Corte de Cuentas en 2021, para dar aviso sobre posible uso de fondos públicos en una supuesta contratación de software espía.
La denuncia fue rechazada en febrero del año pasado, y la organización apeló la sentencia. Actualmente, se encuentra dirimiéndose en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La APES y la investigación
La APES aseguró a mediados de enero de este año que, luego de una investigación encabezada por distintas organizaciones internacionales, al menos 31 periodistas habían sufrido un hackeo en sus teléfonos celulares entre junio de 2020 y noviembre de 2021, mediante un presunto software espía de una empresa israelí.
Ante esto, la APES interpuso dos avisos en la FGR el pasado 14 de enero, para que se investigue el hecho. El tercer aviso fue interpuesto el 25 junto a la ONG. Ese día, en su cuenta oficial de Twitter, aseguraron que todavía no hay avances en las investigaciones ante los primeros dos avisos. La institución escribió:
«Hasta la fecha no se ha obtenido información sobre avances en las investigaciones por hackeo e intento de hackeo a cuentas de mensajería.»
Guacamaya Leaks
En octubre de 2022, se desvelaron en internet archivos secretos militares y policiales de los gobiernos de cinco países latinoamericanos: México, Colombia, El Salvador, Chile y Perú. A tales filtraciones se les llamó Guacamaya Leaks, ya que provinieron de un grupo internacional de hackers que se autodenomina Guacamaya.
En el caso de El Salvador, se extrajo y publicó información confidencial correspondiente a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES).
Hace unos días, un periódico local analizó parte de los miles de documentos, y reveló un supuesto contrato millonario del gobierno de El Salvador con una empresa mexicana de ciberseguridad y tecnología. En el que, presuntamente, el gobierno adquirió equipos de espionaje para los cuerpos policiales salvadoreños.
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