A través de un comunicado publicado por la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de Ecuador, se dio a conocer un pronunciamiento por el máximo ente representante de la institución en toda la región latinoamericana.
Dentro del comunicado se lee cómo la Federación Latinoamericana de Fiscales mencionó que es importante prevalecer la seguridad de la institucionalidad.
«Es importante garantizar la independencia y seguridad de los/las integrantes de los Ministerios Públicos y de los poderes judiciales», reza parte del pronunciamiento.
Por su parte, el ente ha expresado su preocupación porque, aseguran, el libre ejercicio público con autonomía funcional, para los magistrados y a sus equipos de trabajo.
Antecedentes en fiscalía de Ecuador
El pasado 8 de febrero, la misma Fiscalía denunció a seis jueces que se encuentran involucrados en posibles actos de corrupción. El delito principal era el de recibir dádivas para poder dejar en libertad a posibles delincuentes y salven su pena carcelaria.
Desde que se inició la administración actual de la entidad, se han realizado 43 acciones disciplinarias contra el Concejo de la Judicatura, por encontrar irregularidades en algunas áreas u operadores de justicia.
Además, la Fiscalía ha mencionado que son 20 jueces los involucrados en esta clase de delitos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó a cinco de ellos.
Sin embargo, bajo este panorama, la institución también se ha encontrado con la irregularidad de traslado de personal que no estaba contemplado. Hasta el momento, esperan que los cambios sean conforme a la Ley y se respete la institucionalidad.
Acciones que se han tomado
Desde enero del 2022, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se abrieron 43 investigaciones anteriores. Esto debido a posible existencia del delito de corrupción por parte de servidores judiciales.
Entre otras acciones tomadas por parte de las autoridades correspondientes en Ecuador, mencionaron que, desde el 15 de diciembre del año pasado, se solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la jurisprudencia del país.
La iniciativa de esta petición, surge a partir de la afirmación que necesario que los juzgadores cuenten con un sistema de control eficaz frente a decisiones contrarias a la ley.
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