La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, denunció el pasado 5 de octubre al presidente Pedro Castillo de encabezar una presunta organización criminal tras hallar indicios de delitos de tráfico de influencias y colusión. Además, se le acusa como presunto autor de delito de traición a la patria.
La denuncia se presentó ante La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República. Por lo tanto, fue aprobado por mayoría en horas de la noche del 11 de noviembre.
El informe final plantea acusar al presidente Pedro Castillo e inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública, también se le acusan de 6 casos de investigación de delitos de corrupción.
Citación
El presidente del Congreso, José Williams, citó a Castillo a la sesión de la Comisión Permanente que se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en la que se debatirá y votará el informe de la subcomisión.
Para aprobar este informe, solo se requiere de mayoría simple, posteriormente el expediente debe ser llevado al pleno del Congreso para dar cuenta de este y determinar la fecha de audiencia.
Por otra parte, los voceros del gobierno rechazaron la aprobación del informe final contra el mandatario. Alejandro Salas, ministro de Trabajo, dijo que esta situación les “suma para la llegada de la OEA” pese a que “es un informe que es un despropósito”. Félix Chero, ministro de Justicia, añadió que el presunto delito señalado “no tiene ningún fundamento”. “Es parte del juego político, pero no es sano”, consideró.
La acusación por antejuicio político (traición a la patria) se requiere la mitad, más uno de los votos, (50) del pleno. En el caso del juicio político (inhabilitación) su aprobación requiere al menos los dos tercios de los votos (66).
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