La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, la noche del martes 15 de noviembre, la octava prórroga del régimen de excepción vigente desde el 27 marzo de 2022, tras una escalada de homicidios.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una conferencia de prensa, horas antes de la aprobación, que «los beneficios son irrefutables porque estamos teniendo números históricos en reducción de la violencia».
Cifras del Gobierno apuntan que, bajo el régimen de excepción, denominado «Guerra contra las pandillas», se han detenido a más de 57.400 supuestos pandilleros, a quienes se les han incautado 1.820 armas de fuego, 2.201 vehículos y 1,4 millones de dólares en efectivo.
Por otra parte, el martes 15 de noviembre, horas antes de la aprobación, un grupo de campesinos de la zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, exigió la liberación de cientos de sus familiares detenidos «arbitrariamente» y rechazó la octava prórroga.
Acontecimientos
Un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser eminentemente temporal y extraordinario.
En marzo de 2022, una ola de violencia cobró la vida de más de 80 personas y, debido a esto, el presidente de la república, Nayib Bukele, solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.
No obstante, el régimen de excepción no solo ha permitido suspender garantías constitucionales, sino además ha eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado y el derecho al acceso a la información pública.
Además, la Constitución salvadoreña indica que, la prórroga de la suspensión de las garantías no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.
Por otra parte, las organizaciones humanas y la oficina del ombudsman, han recibido más de 7.400 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo el régimen de excepción.
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