En los primeros días de la pandemia de coronavirus, el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), emitió una orden de salud pública el 20 de marzo de 2020 que, según los funcionarios, tenía como objetivo detener la propagación del Covid-19.
La orden permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU. y se ha extendido varias veces. La política es ampliamente conocida como Título 42, por la parte del código de EE.UU. que permitió que el director de los CDC la emitiera.
Por lo tanto, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), prohíbe la entrada de ciertas personas que «potencialmente representan un riesgo para la salud». Ya sea, «por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país, con el fin de eludir las medidas de detección médica».
Este martes 15 de noviembre, el juez de distrito de Washington, Emmet Sullivanm, bloqueó el Título 42 y dijo que encontró que la orden era “arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Después de que la administración de Biden anunció que retiraría la política, estalló un debate sobre si está justificado terminar su aplicación y si los funcionarios están preparados para manejar un aumento esperado de inmigrantes en la frontera.
Los legisladores republicanos que se postulaban para la reelección durante las pasadas elecciones intermedias, utilizaron la derogación del Título 42 como tema de conversación para atacar a los demócratas en materia de inmigración.
Los republicanos que habían hablado sobre la importancia de terminar con otras restricciones pandémicas ahora describen terminar con el Título 42 como un error peligroso.
¿Qué puede cambiar?
Las autoridades han indicado que esperan que el fin del Título 42 provocaría una nueva afluencia de inmigrantes en la frontera.
Las autoridades se están preparando para diferentes resultados, incluida la posibilidad de que 18.000 migrantes por día podrían intentar cruzar la frontera.
Por otra parte, los defensores de los derechos de los inmigrantes, argumentaron que los funcionarios estaban usando la salud pública como pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de inmigrantes.
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