El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, afirmó que se garantizará la reparación de daños a los familiares de los 40 migrantes que perdieron la vida durante el incendio.
El apoyo también se contempla para quienes resultaron heridos hace un mes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, ante la petición del Gobierno de Guatemala.
En conferencia de prensa desde el palacio nacional explicó que se están estableciendo canales de comunicación con las distintas familias.
«La instrucción que tenemos y que hemos venido haciendo a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas, de la CEAV, es entablar comunicación con las familias, con los deudos, en el caso de los que fallecieron, y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación de los daños”.
Pese a que antes el embajador de Guatemala, Marco Tulio Chicas Sosa, había reclamado al Gobierno mexicano la reparación de sus 19 connacionales fallecidos. El funcionario aclaró que por el momento no hay ninguna solicitud formal por parte del Gobierno de Guatemala.
Surgen cuestionamientos por mantener al jefe de migración de Mexico
Pese a que el siniestro fue grave y las acciones de respuesta no fueron inmediatas, el secretario de gobernación afirmó que el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, permanecerá en su cargo.
Pese a que, Garduño se encuentra envuelto en un proceso legal, ya que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los responsables del incendio que mató a 40 migrantes, señala la prensa.
«Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto. No le quita tiempo, porque él además constantemente recorre todos los estados del país”, afirmó el secretario de Gobernación.
La indignación progresa, ante el Gobierno de México y el INM, crece tras el incendio del pasado 27 de marzo, donde murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano. El Salvador ha calificado este hecho como un «crimen de Estado».
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