La implementación del llamado Título 42, una restricción fronteriza de salud pública que empezó a regir desde la pandemia de covid-19, terminó el día de ayer 11 de mayo. Su final altera la política migratoria de varios años en Estados Unidos, mientras crece la amenaza de que se desate un caos, a medida que miles de migrantes se fueron reuniendo en la frontera con México.
Ante este panorama, esta mañana, en la emisión de TCS Noticias, se realizó un enlace hasta Estados Unidos, con el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), Salvador Sanabria. Quien compartió la situación que en la actualidad se vive en la frontera sur, tras la eliminación del Título 42.
En primer lugar, el director detalló que, en la zona fronteriza, hay una crisis de proporciones humanitarias. Puesto que hay miles de migrantes, de diferentes nacionalidades, en algunos albergues ubicados en la frontera de Tijuana, México.
Además, Sanabria enfatizó que han dado paso para ser procesados por la justicia de EE. UU., para obtener una entrevista y dar inicio en la aplicación de asilo y refugio en el país norteamericano.
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«La frontera no está abierta»: Sanabria
El Título 42 era una reforma que permitía deportaciones inmediatas en el marco de la pandemia del coronavirus. Así lo mencionó, con un mensaje claro por parte del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Las fronteras no están abiertas”.
A través de un vídeo publicado en el momento en el que ha entrado en vigor la nueva política migratoria, cuando el reloj marcó las 11:59 pm de ayer jueves 11 de mayo en Washington DC, el secretario Mayorkas, comunicó sobre las consecuencias de tratar de entrar.
“A partir de esta noche, las personas que lleguen a la frontera sin utilizar una vía legal serán consideradas no aptas para pedir asilo. Estamos preparados para procesar humanamente y expulsar a las personas que no tengan una base legal para permanecer en EEUU”, dijo el funcionario.
En este mismo sentido, Sanabria recalcó que la nueva medida señala que los migrantes detenidos bajo la autoridad del Título 8 pueden enfrentar un proceso de deportación rápida, conocido como expulsión acelerada. Además, de una prohibición de reingreso durante al menos cinco años. Aquellos que hagan intentos posteriores de ingresar a Estados Unidos podrían enfrentar un proceso penal.
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