El magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, convocó a una conferencia de prensa, para recalcar que la entidad está contra el tiempo en la elección de una de las ocho empresas que se postularon para ejecutar el voto en el exterior.
Asimismo, reveló que se ha convocado en cuatro ocasiones a los magistrados, a sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que no se ha concluido nada respecto al tema. «Hemos pasado el tiempo en discusiones estériles, sin alcanzar consenso«, afirmó.
Aseguró que ha habido «falta de decisión» de la magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, y del letrado Rubén Meléndez. Julio Olivo, también magistrado propietario, por su parte, ha manifestado que no sentará postura en este proceso.
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Por otro lado, hizo el llamado a colegas magistrados a «no anteponer cualquier agenda personal».
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El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció, en la sesión plenaria de ayer, que iba a pedir un informe al TSE para verificar por qué están teniendo atrasos en la elección de la compañía.
Sobre esto, Wellman dijo que Castro «tiene toda la razón» en solicitar el reporte, y finalizó: «Quiero creer que no hay agendas personales, pero si no se toman decisiones, es evidente que más de algún interés propio debe de haber».
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Por otro lado, el TSE informó ayer que cinco empresas mostraron interés en auditar el proceso de voto electrónico:
- CGTS
- Neon Flux
- MEC Service
- Neuvote
- Grupo evolución.
Elección de empresa en el exterior
Desde el 13 de abril, el ente colegiado dispone de la lista de ocho empresas que se postularon para ejecutar el voto remoto por internet y electrónico presencial.
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La Ley de Sufragio en el Extranjero establece que el TSE tendría que tener listo el sistema de voto electrónico ocho meses antes de las elecciones (4 de enero 2024), es decir, el 3 de junio. Ruth Eleonora López, en su llegada al programa Debate, mencionó que lo mejor que el ente puede hacer es pedir una prórroga a esa fecha.
La contratación de la empresa se hará de manera directa y sin licitación, es decir, sin haber convocado a concurso público el proyecto, con los documentos, requisitos y procedimientos que contempla la Ley de Compras Públicas.
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