951 personas perdieron la vida en los primeros seis meses de este año tratando de llegar en embarcaciones precarias (cayucos) a las costas de España. El colectivo Caminando Fronteras, señalan que estas cifras se dan en una media de cinco cada día. Entre ellos, se encontraban 112 mujeres y 49 menores de edad.
Los datos que arroja el informe “Monitoreo Derecho a la Vida” de la organización Caminando Fronteras, señala que la más mortal de todas las rutas es la de las Islas Canarias, en la que fallecieron 778 personas; le sigue la ruta Argelia hacia Levante y las Islas Baleares con 102, casos y la del Estrecho con 50 víctimas.
Pese a que las cifras oficiales muestran una reducción de llegadas al territorio, la organización recalca que la mortalidad ha aumentado con respecto al mismo período del año pasado.
Estadísticas que tiene España
Datos del Ministerio del Interior señala que llegaron a España por mar 12,192 personas, lo que equivale a un 4,17 % menos que en el mismo período de 2022. De esa cifra, 7,213 arribaron por la ruta canaria, donde el descenso fue del 18,5 %.
Caminando Fronteras ha contabilizado en estos seis meses 49 tragedias de pateras o cayucos con destino a España, más de la mitad fueron en aguas canarias. En 14 de estos casos las embarcaciones desaparecieron con todos sus ocupantes y no hubo ningún superviviente, dice su informe.
¿De dónde provienen las embarcaciones?
Los fallecidos provenían de 13 países africanos y uno asiático:
- Argelia
- Camerún
- Costa de Marfil
- Gambia
- Guinea
- Etiopía
- Islas Comores
- Mali
- Marruecos
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Siria
- Sri Lanka
- Sudán.
Esta ONG se encarga de notificar a las autoridades de la salida de estas embarcaciones vulnerables a las rutas del Mediterráneo occidental y el Atlántico, con el objetivo de salvar vidas.
Así, denuncia que el aumento de víctimas mortales (13 más que en el periodo anterior) se debe a que no se destinan los medios de búsqueda necesarios y las operaciones de rescate se activan en ocasiones con retraso.
El informe también documenta casos de vulneración de derechos humanos de las víctimas y sus familias. Así, recoge que las personas migrantes han sufrido:
«Detenciones, desplazamientos forzosos, ataques físicos y retenciones» en aplicación de la ley de extranjería, además de la negación del derecho de búsqueda para los desaparecidos.
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