El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, ha arremetido de nuevo contra la casa de estudios administrada por la Compañía de Jesús, Universidad Centroamericana UCA.
La jueza del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, giró un oficio acusatorio contra la universidad el día de ayer 15 de agosto.
Este contempla la confiscación de todos los bienes materiales y económicos del centro educativo. Al que se le acusa de «terrorismo«.
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Otros cargos son «traicionar la confianza del pueblo nicaragüense«, y haber «transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de educación superior en el país«.
A través de un correo institucional, la UCA informó a su comunidad estudiantil que efectivamente el régimen ordenó la confiscación de sus bienes materiales y económicos. Además, anunciaron que las actividades se suspendían por primera vez en 63 años de existencia.
La UCA de El Salvador difundió el comunicado de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, y se solidarizó con la institución, reconociendo su valentía y compromiso.
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En el comunicado, la Provincia expresa:
«Esta nueva agresión en contra de la universidad no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense, y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil. Las cuales generan un clima de violencia e inseguridad, y agudizan la crisis sociopolítica del país.
Como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha sido objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de as instituciones gubernamentales nicaragüenses».
Inmovilización de bienes y congelación de cuentas de la UCA
Este proceso se sigue al comenzado hace unos días, donde el régimen, a través de la Procuraduría General, pidió al Registro Público de la Propiedad que inmovilizara los bienes inmuebles de la universidad.
La universidad no habría sido notificada de la medida, y las autoridades se habrían dado cuenta al momento que trataron de realizar movimientos de sus propiedades. Esto, según la declaración de una fuente anónima al diario Divergentes.
A la casa de estudios tampoco se le ha otorgado la certificación del Consejo Nacional de Universidades (CNU), del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (Migob).
A las universidades miembros del CNU se les destina el 6% del presupuesto para la educación superior.
Un día antes de este proceso, el régimen de Ortega ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la casa de estudios. Esto, según confirmó a Divergentes una fuente anónima vinculada al Ministerio de Gobernación. Tampoco se les habría informado de esta medida.
