David Morales, jefe jurídico de justicia transicional de Cristosal, visitó Debate TCS, con el fin de ahondar detalles de la última investigación de la organización, en el marco de un año del régimen de excepción, que calcula 160 fallecidos bajo custodia del Estado, y otros tipos de supuestas violaciones a los derechos humanos.
Morales apuntó que el informe abarca los 13 meses de la medida, y dijo que han «monitoreado y verificado» los impactos del régimen en tales derechos, mediante presuntas «torturas sistemáticas» de personas detenidas, y «anulación casi completa» de garantías judiciales.
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Afirma que las personas muertas han estado bajo «un patrón de torturas«, que ha implicado golpizas, hincar en graba, padecimientos de hambre y sed, consumo de alimento y agua contaminados, gas pimienta, condiciones insalubres, choques eléctricos, entre otras.
En algunos casos, las autopsias determinaron que murieron por asfixia mecánica, o por hambre (desnutrición severa), o falta de medicamentos. Otro cadáver, cuenta, tiene un orificio por proyectil de arma de fuego.
Morales explicó en qué consiste la asfixia mecánica:
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Agregó que algunas boletas forenses sí registran violencia, y otras no, aunque el cadáver presente signos de ello.
Además, amplió que, hace un tiempo, la organización Human Rights Watch reveló una supuesta base de datos de personas detenidas por el régimen, que al momento de ingresar al penal, se les clasificaba en tres tipos: los pandilleros con tatuajes, los no pandilleros con tatuajes, y los no pandilleros sin tatuajes.
Afirmó que el 99% de procesados enfrentan el cargo de asociaciones ilícitas, y a menos del 1% se les acusa de los cuatro delitos típicos relacionados con las estructuras: homicidio, violación, lesiones o extorsión.
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Cristosal sobre fosas comunes
Apuntó que la investigación recopila testimonios de víctimas o familiares de víctimas, así como pruebas documentales. En ese sentido, descubrieron que, en algunos casos, muertos fueron enterrados como «desconocidos» en fosas comunes de cementerios locales.
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Por otro lado, dijo que hay una franja de jueces y fiscales que mantienen a los capturados bajo «incomunicación total», y que las autoridades no notifican las defunciones, por lo que «creen» que la cifra podría ser mayor.
Además, expandió que la mayoría de víctimas son jóvenes y personas «pobres«, y que algunas mujeres notificaron haber visto muertas a «muchas más».
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