Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala.
La CIDH argumenta que el binomio, según los solicitantes de las medidas cautelares, serían objetos de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas.
Esto último, dice el órgano, incluye la existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad. Uno, incluso, notificado por fiscales.
Los dos supuestos planes para matar a Bernardo Arévalo
En la resolución completa colgada por el medio No Ficción, la CIDH argumenta que el 15 de agosto de 2023, los solicitantes de las medidas informaron que el equipo de seguridad del candidato del Movimiento Semilla recibió información de un presunto plan para matarlo, con participación de agentes estatales e individuos particulares.
Los solicitantes, informa la CIDH, alegaron que al menos tres fuentes de instituciones estatales, que no se conocen entre sí, «y con alto grado de fiabilidad», habrían advertido sobre la existencia de un plan secreto, llamado Colosio.
Este hace referencia al candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994.
Este plan tendría como objeto dar muerte al presidente Arévalo. Precisan que el equipo de seguridad posee información del mismo desde el 4 de julio de 2023. Sin embargo, no fue hasta ahora que pudieron corroborar la información con tales fuentes estatales.
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La CIDH continúa contando que los solicitantes informaron que el día 21 de agosto, luego de la segunda vuelta electoral, en la que Arévalo se impuso a la candidata por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, mientas daba su conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de Guatemala, se presentaron cuatro fiscales del Ministerio Público (MP), quienes solicitaron una reunión privada con el ganador.
En ella, le notificaron que la Fiscalía contra el delito de la Extorsión obtuvo información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas. La cual podía «poner en riesgo la vida e integridad física» de Bernardo Arévalo.
Según la parte solicitante, este constituía un segundo plan de atentado contra el político. Además, señalan que funcionarios públicos en calidad oficial fueron los que dieron dicha información privilegiada.
La CIDH finaliza apuntando que la parte solicitante afirmó que el Estado guatemalteco no habría comenzado la investigación, argumentando que no ha recibido denuncias, pese «a que son hechos perseguibles de oficio«.
El Estado se compromete
La CIDH, en la resolución de hoy, dijo que el Estado se ha comprometido a cumpllir con la sentencia y dar protección al binomio.
Habría otorgado esquemas de seguridad a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y Ministerio de Gobernación, compuestos por agentes de seguridad, vehículos, seguridad perimetral, patrullajes, acompañamientos de protección, entre otros.
Hasta el cierre de esta nota, ni Bernardo Arévalo ni Karin Herrera se han pronunciado al respecto en sus redes oficiales.
