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viernes, 22 noviembre, 2024

Congreso de Perú acusa a Pedro Castillo de organización criminal

Congreso de Perú ha aprobado un informe fiscal, donde se recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo de organización criminal agravada.

Luego de intenso y prolongado debate, el Congreso de Perú ha aprobado un informe presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El 11 de octubre de 2022, la fiscal presentó el informe, dos meses antes que Castillo disolviera el Congreso, y fuera arrestado por su intento de golpe de Estado. Con esta permisiva, el Órgano avala la continuación del proceso que lleva la fiscal contra Castillo.

El exmandatario guarda prisión preventiva en una cárcel de Lima. Y está a la espera que inicie el juicio por los delitos cometidos en su intento de golpe de Estado, el pasado diciembre.

Así lo explicó el Congreso de Perú en su cuenta oficial de Twitter:

Del mismo, el exministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Juan Silva Villegas, y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, también fueron acusados de los mismos delitos:

La sesión de deliberación duró casi 6 horas, y se reanudará en la tarde a las 4:30 p.m., hora del Perú.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, se pronunció en su cuenta de Twitter a propósito de la acusación:

El expresidente Castillo no asistió a las citaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente del Congreso, donde se interpelaría al mandatario por los delitos que se le atribuyen. Por lo que, para la defensa, solo estuvo presente su abogado, Eduardo Pachas.

Estos cargos criminales se sumarán a los delitos cometidos por su intento de disolución del Congreso.

Medidas cautelares

Hace una semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su familia. Obligando a que el Estado peruano adopte medidas para garantizar su vida e integridad personal.

La CIDH justificó:

«Se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional, y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la Fiscalía General de la Nación«.

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