La organización no Gubernamental, Cristosal, presentó ayer un informe del primer año del régimen de excepción, medida extraordinaria aprobada por la Asamblea Legislativa a finales de marzo del año pasado, luego de un repunte de 87 homicidios en tres días, y la cual suspende tres garantías constitucionales.
La investigación, de 98 páginas, señala supuestas torturas sistemáticas dentro de los centros penales, y más de un centenar de muertes de personas bajo custodia del Estado.
Según lo documentado por la organización, desde el 27 de marzo de 2022, día que entró en vigencia la medida, hasta la misma fecha de este año, se registraron 139 muertes (135 hombres y 4 mujeres). Hasta abril de 2023, la cifra se situó en 153.
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Zaira Navas, jefa jurídica de estado de derecho de Cristosal, afirmó que «hay castigos y palizas permanentes» al momento del conteo, o cuando los internos se quejan o hacen ruido. De igual forma, aseguró que los custodios rocían gas pimienta en las noches, además de emplear choques eléctricos como castigo.
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Algunos de los muertos, según Navas, tienen la «cabeza reventada y fueron vapuleados en el estómago» y el cuerpo está «totalmente» lacerado. De igual forma, expandió que en siete casos se ha determinado que pudo haber violencia, pues oficialmente murieron por una enfermedad, pero el cadáver presenta «signos de violencia».
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Caso de joven muerto
El informe de Cristosal detalla decenas de testimonios de víctimas y familiares de víctimas. Un caso es el de un joven de 24 años que falleció, cuyo cuerpo presentaba una perforación que atravesaba uno de sus hombros, y tenía laceraciones en las rodillas.
Sin embargo, el reporte del Instituto de Medicina Legal determinó que murió a causa de un edema pulmonar.
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David Morales, jefe jurídico de justicia transicional de la misma institución, puntualizó que un régimen de excepción «no es una medida para torturar hasta matar de hambre, golpes o por falta de medicamentos a las personas en las cárceles».
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Morales agregó que estas situaciones son producto «no solo de la prorrogación del régimen, sino también de reformas a las leyes penales que abren paso a estos abusos».
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Cuestionamiento de Cristosal
Cristosal cuestionó el papel de instituciones garantes de la protección de los derechos de los ciudadanos, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Abraham Abrego, director de litigio estratégico de la institución, piensa que la PDDH ha tenido un «comportamiento omisivo«.
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Para finalizar, hicieron un llamado al Estado salvadoreño para que:
- Aclare las condiciones de los detenidos en centros penales
- Respete el debido proceso
- Libere a los inocentes capturados
- Responda por las muertes bajo custodia.
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