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sábado, 06 julio, 2024

Demanda civil contra la exparlamentaria Lorena Peña

La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda civil contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña.

El delito por el cual se le acusa es el de enriquecimiento ilícito. Lorena Peña y su hija (Ana Virginia Guardado Peña) son las personas involucradas de no poder demostrar su patrimonio económico por un monto total de $277,482.54.

Los fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción presentaron la demanda ante la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

Video/TCS.

La Fiscalía mencionó que, los expedientes de Peña fueron abiertos luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno notificó de las irregularidades a la Sección de Probidad.

Además, el fiscal de la República, Rodolfo Delgado, reiteró que la institución está trabajando para evitar este tipo de prácticas.

«El compromiso de la FGR es de combatir frontalmente la corrupción […] por eso es que estamos presentando demandas por enriquecimiento ilícito.”

Distribución del enriquecimiento ilícito

A Lorena Peña se le señalan siete irregularidades que no ha podido justificar en su calidad de exparlamentaria en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018.

Las inconsistencias son reflejadas a través de depósitos bancarios en efectivo, adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos. En total, suman $140,521.57.

Ana Virginia Guardado Peña, hija de la exparlamentaria, se le ha demandado por ocho anomalías, que consisten en pagos, depósitos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960.94.

  • Otro suceso similar

El pasado 3 de marzo, la FGR también acusó a Medardo González, exdiputado del FMLN, por el mismo delito. La demanda civil fue presentada para todo su grupo familiar (cónyuge y dos hijos). El monto total por el cual se les acusa es de $153,000.

Las autoridades mencionaron que las investigaciones seguirán su curso y buscarán que devuelvan el dinero al Estado si así lo amerita.

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