La Asamblea Legislativa acaba de aprobar, con 78 votos a favor, el desafuero del diputado del grupo parlamentario ARENA, Alberto Romero, luego del antejuicio llevado en su contra, por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito, que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvieron al funcionario por el supuesto delito de lavado de dinero y activos, tras una orden de captura girada por la FGR.
De esta manera, el diputado Romero enfrentará un proceso penal como un ciudadano común, donde se diriman los delitos que se le imputan.
Ernesto Parada era el abogado defensor del parlamentario. En referencia a la acusación primera de la FGR de enriquecimiento ilícito por un monto de $158,759.08, apuntó que no «ve» esa relación o incremento patrimonial para alguien que gana $700,000 y mueve $158,000.
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El miércoles 30 de agosto, la Comisión Especial de Antejuicio sesionó y acordó dar dictamen favorable a la pieza de correspondencia presentada por el fiscal general el 23 de agosto, Rodolfo Delgado, donde solicitaba un proceso de antejuicio y desafuero contra el legislador.
En el desfile de pruebas en la Comisión, la FGR acusó que entre los años 2006 y 2020, el legislador supuestamente recibió, en calidad de diputado de ARENA, un total de $257,494.32 en concepto de viáticos, para realizar 94 viajes a países alrededor del mundo.
Para ese día estaba previsto que la esposa e hija del parlamentario llegaran a dar su declaración a la Comisión, pero un informe que envió la Dirección de Migración y Extranjería constató que ambas salieron del país el 23 de agosto, día en el que el fiscal general llegó al Parlamento a solicitar su desafuero.
En ese momento, el titular argumentó que el monto del enriquecimiento ilícito ascendía hasta los $1,162,388.05.
Alberto Romero condenado por enriquecimiento ilícito
El 14 de agosto, Alberto Romero fue sentenciado en un juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito, y obligado a devolver a $445,766.05. a las arcas del Estado, además de la inhabilitación para ejercer ningún cargo público por diez años.
Este último no fue un juicio penal, por lo que la FGR no pedía cárcel para el funcionario.
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