Esta mañana 6 de enero, en el programa de entrevista de “Frente a Frente”, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, brindó los principales detalles sobre el incremento de precios en los lácteos.
No obstante, el titular en primer lugar informó que más de 141 mil verificaciones se realizaron a nivel nacional en 2022, como parte de las medidas económicas.
Por lo anterior, el funcionario indicó que el país presentó los precios más bajos en toda la región centroamericana el año pasado.
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En este mismo sentido, Salazar explicó que en este 2023 continuarán desarrollando verificaciones en diferentes puntos del país. Por lo cual, indicó que en los primeros días del año realizaron verificaciones en los productos de los lácteos ante la denuncia de los consumidores.
No obstante, acotó que, en las verificaciones, en su mayoría poseen una estabilidad de precios en los derivados. El titular explicó que el alza de precios de estos derivados se debe a la entrada del verano, porque es un periodo seco para el sector ganadero.
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Por otra parte, ante la falta de alimentos, Salazar expresó que en el país no hay una regulación en los productos, pero sí controles administrativos que permiten evitar los abusos de alza de precios de productos tales como:
- Frutas
- Verduras
- Granos básicos
- Lácteos
El funcionario explicó que, ante la práctica abusiva del incremento injustificado de precios en los alimentos, la Defensoría del Consumidor investiga para deducir la responsabilidad, ya sea por parte de los comerciantes, importadores, exportadores u otros.
Sanciones por alza de precios
El titular dijo que el año pasado sancionaron a 40 proveedores de lácteos, alimentos y verduras con multas hasta de $140,000.
Salazar afirmó que estas multas se deben a que los proveedores no lograron justificar los incrementos de los productos.
Inspecciones
Salazar enfatizó que las inspecciones se realizan con el objetivo principal de evitar abusos ante el incremento injustificado de precios.
Así mismo, en estas inspecciones se realizan los acaparamientos, que son de figura delictiva, donde verifican que ningún proveedor retenga el orden normal de la venta de productos esenciales sin que pueda provocar alza de precios.
Por lo tanto, el tribunal sancionador lleva estos casos ante la Fiscalía General de la República (FGR), en los cuales las penas de cárcel pueden ir de 6 meses hasta los 3 años de cárcel, dependiendo de la gravedad.
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