Cristosal presentó el informe que identifica las tendencias de abuso de poder y violencia estatal en los tres países que conforman el Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.
Se titula Informe derechos humanos, poderes de emergencia y violencia estatal en la región norte de Centroamérica, entre julio de 2021 y mayo de 2023.
La investigación arrojó que, en los países mencionados, hay tres patrones graves de violencia del Estado, que son:
- Abuso del ejercicio punitivo y el uso excesivo de poderes de emergencia
- Violencia contra comunidades indígenas en defensa de su posesión y propiedad ancestral de la tierra
- Violencia contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
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Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de la ONG, precisó que los países están gobernando bajo mecanismos de excepcionalidad (régimen de excepción o estado de excepción). Lo cual le da la facultad a sus policías o fiscalías de «no respetar garantías judiciales», generando una «exacerbación» de violencia estatal.
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Asimismo, señala que de los derechos suspendidos por los decretos, el más común, es la libertad personal.
Fines extractivistas
Respecto a la violencia contra comunidades indígenas y pobres, dijo que surgen procesos violentos de desalojo de sus tierras, con intereses, por lo general, «extractivistas». En Honduras y Guatemala se está viendo la práctica de intervenir en conflictos territoriales, y ejercer violencia en ellos.
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Respecto al tercer punto, Abrego reportó que el año pasado, Honduras y Guatemala estuvieron en el segundo y tercer lugar más peligroso para defender derechos humanos en Latinoamérica. En el caso de Honduras, es el cuarto a nivel mundial. «Asesinan defensores, y hay una persecución» apunta.
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Por otro lado, asegura que en Guatemala y El Salvador se está persiguiendo a operadores judiciales, es decir, jueces y fiscales.
De acuerdo con el informe, las regresiones democráticas y el avance de esquemas autoritarios ha provocado un incremento de la violencia estatal, y violaciones de derechos humanos en los tres países.
El Salvador apunta que ha sido el caso más grave del primer patrón, pues ha habido casi 70,000 detenciones, algunos inocentes, y 162 muertos bajo custodia del Estado, además de una situación de «violencia sistemática y tortura en las cárceles».
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