El 5 de julio, la FGR anunció la captura de nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), incluidos jefes, directores y subdirectores.
En ese momento, se les acusó de omitir información relacionada con las auditorías realizadas a diferentes municipalidades del oriente del país.
Hoy, la FGR ha solicitado a un tribunal que los capturados permanezcan en prisión preventiva, a la espera de un juicio donde se diriman los delitos imputados. El fiscal del caso brindó detalles de las faltas que habrían cometido.
Los cargos de la FGR
Amplió que los delitos son incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas, y afirmó que operaban mediante acuerdos a nivel político, para sacar «en limpio» informes de auditorías de la institución.
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Dichas auditorías fueron verificadas, y se confirmó que los procedimientos usados por los auditores, jefes de equipo, subdirectores y directores fueron «negligentes«, añadió el abogado. En algunos casos, «con el propósito evidente de dejar en limpio los informes, para beneficiar a una municipalidad determinada».
Las alcaldías involucradas son las de Chilanga, Bolívar y Comacarán. Los hechos ocurrieron entre el 2016 y 2018, añadió el fiscal.
La institución detalló en su momento que entre los supuestos incumplimientos detectados, se encuentran:
- No auditaban algunos rubros.
- Superaron hallazgos sin argumentos válidos.
- Convirtieron observaciones en asuntos menores.
- Ampliaron el plazo de las auditorías para subsanar los hallazgos.
La institución ha determinado que, de 563 observaciones, solo presentaron informes en 48, los cuales pasaron a juicio de cuentas.
Ese día, la CCR emitió un comunicado, donde aclararon que colaboran con la investigación que realiza la FGR, a fin de “esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso para los relacionados”. Además, anunció que estaban en proceso de separación de sus cargos.
