Durante horas de la madrugada de este día, 14 de noviembre, la FGR, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron la captura de 13 personas, integrantes de una supuesta estructura dedicada al tráfico ilegal de personas.
Según el informe de la institución, los capturados solicitaban a las víctimas entre 12 y 15 mil dólares para transportarlas hacia los Estados Unidos, utilizando los puntos ciegos del occidente del país a Guatemala, México y EE. UU.
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La operación se ejecutó en Santa Ana, San Miguel y San Salvador. También, la FGR ordenó 14 allanamientos, logrando incautar cuatro vehículos y más de 12 celulares que vinculan a los detenidos con los delitos que se les imputan.
“Con estas detenciones se estará logrando justicia para 33 víctimas de dicha organización delincuencial”, aseguró la Fiscalía.
Caso similar
El pasado 6 de julio, la FGR y PNC capturaron a varios integrantes, compuestos por seis cabecillas, de una supuesta estructura dedicada al tráfico ilegal de personas.
Según el informe de la FGR, nueve individuos promovían el interés a emigrar, y otros 28 tenían como función albergar, transportar y guiar a las víctimas en la ruta peligrosa para ingresar a Estados Unidos.
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Durante los allanamientos, la institución logró incautar $18,000 dólares y cinco vehículos. Los departamentos intervenidos fueron:
- Morazán
- Usulután
- La Libertad
- La Paz
- San Vicente
- Ahuachapán
- San Salvador.
Con estas acciones, las autoridades hicieron justicia a un total de 119 víctimas, que pagaron entre $10,000 y $15,000 para ingresar de forma ilegal al país norteamericano.
Condena por el tráfico ilegal de personas
En el país existe una normativa aprobada desde 2021, denominada Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas.
La ley contempla lo siguiente:
“El que por medio de otra u otras personas, con el propósito de evadir controles migratorios del país u otros países, transporte, traslade, albergue, guíe, intente introducir o introduzca personas extranjeras en tránsito, o con destino a El Salvador u otro país, se le sancionará con prisión de ocho a doce años”.
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