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viernes, 22 noviembre, 2024

Gobierno boliviano rechaza adelantar Censo para 2023

Los habitantes de la región de Santa Cruz, uno de los motores económicos del país reclama un nuevo conteo que les otorgaría más recursos económicos y más escaños en los órganos legislativos para 2023.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó la noche del pasado 11 de noviembre adelantar para 2023 un censo de población, en medio de una jornada de violencia en la próspera región opositora de Santa Cruz, donde hubo choques callejeros y saqueos de dos oficinas de sindicatos afines al gobierno.

El mandatario ratificó el censo para 2024 y dijo que «el empadronamiento se realizará el 23 de marzo de ese año», según una declaración difundida en la televisión estatal.

Además, prometió en un plazo de seis meses la redistribución para todas las regiones de los fondos estatales de acuerdo con los nuevos resultados del censo de población.

Santa Cruz, controlada por la oposición de derecha, cumple el próximo sábado 19 de noviembre 22 días de protestas con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al gobierno del izquierdista que adelante el censo de población a 2023.

Además, la región opositora pide que el censo actualice su representación legislativa, ya que no hay certeza de que para las elecciones presidenciales de 2025 se cumpla esta demanda.

La comunidad de Santa Cruz tiene previsto realizar el próximo domingo 20 de noviembre un cabildo o asamblea popular para definir su posición, ante el anuncio presidencial.

Precedentes

La jornada de violencia comenzó el pasado 22 de octubre, donde vendedores y choferes del servicio público marcharon por una avenida de la ciudad para exigir que se suspendan los bloqueos de calles y vías.

La movilización de los civiles de Santa Cruz produjo enfrentamientos de manera física y verbal con la Policía, los uniformados intervinieron lanzando gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones.

Además, los grupos opositores quemaron llantas que utilizaron como barricadas y afirmaron haber sido reprimidos por los uniformados.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, respondió que la manifestación de vendedores y choferes «era la marcha pacífica del pueblo que fue atacada brutalmente por sectores radicales financiados que buscan el enfrentamiento».

Horas después, jóvenes opositores atacaron enfurecidos las oficinas de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, exigiendo el fin del oficialismo donde quemaron y saquearon hasta la llegada de la policía y bomberos, según imágenes de un canal privado de televisión del país.

No hay versión oficial sobre el número de heridos y detenidos, pero la comunidad de Santa Cruz registró 4 muertos en choques callejeros entre civiles, 1 mujer violada y 178 heridos.

Hasta el momento, la fecha del censo está en el centro de la disputa entre el gobierno boliviano y los manifestantes.

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