El Gobierno de El Salvador todavía no tiene cifras exactas de cuántos empleados públicos van a acogerse al decreto de retiro voluntario, aprobado por la Asamblea Legislativa en mayo, y el cual contempla una indemnización de hasta $25,000 para los empleados públicos ya jubilados o pensionados que renuncien antes de diciembre de este año.
Sin embargo, en una entrevista en Frente a frente, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, estimó que el ahorro de las arcas públicas podría ser de entre $100 y $150 millones, pues afirma que las plazas que queden libres por las renuncias no volverán a contratarse, a excepción de las estrictamente necesarias.
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Representantes del sector docente prevén que miles de maestros podrían optar por esta opción. Francisco Zelada, del Sindicato de Maestros y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), dijo que estiman que 5,000 de 12,000 educadores se retirarían a partir del 1 de enero de 2024.
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Señalaron que la propuesta del Ejecutivo la ven «viable«, y que hay bastantes maestros que se encuentran en el grupo etario que cumple los requisitos para pensionarse, esperando hacerlo por diversas razones, incluido el cansancio y envejecimiento.
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El Decreto de Retiro Voluntario
Con la reforma lograda por Bases Magisteriales, se cambió la fecha límite para presentar la renuncia, que antes era el 18 de noviembre, haciendo que se haga efectiva a partir del 1 de enero de 2024. Ahora, la nueva fecha límite para dimitir sería el 30 de noviembre.
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De igual forma, permite que los que ya presentaron su renuncia y todavía no se ha hecho efectiva, la puedan anular, y pedir que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.
Sin embargo, no aplicará para los que ya dimitieron y por voluntad propia hicieron efectiva su desvinculación.
No obstante, hasta el cierre de esta nota, las reformas todavía no se han publicado en el Diario Oficial, por lo que aún no están en vigencia.
Los requisitos para ampararse a la normativa, es tener 25 años trabajados, la edad de jubilación, o estar pensionado y seguir laborando. La compensación se calculará con base al último salario devengado, y se pagará un salario por cada año laborado. El abono se hará en dos cuotas, y el máximo será de $25,000.
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