Las reformas al Artículo 295 del Código Penal incluye una pena de 10 a 15 años de prisión para toda persona que busque obstaculizar cualquier candidatura a un cargo público, siempre y cuando esta persona cumpla con todos los requisitos de ley.
Alberto Machado, abogado penalista, nos mencionó cuáles son las causas principales en las que se toma en cuenta la reforma para las personas que incurran en el delito.
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Con referencia a la intención de penalizar la obstaculización electoral, algunas organizaciones brindan su propia valoración. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, mencionó que esta medida tiene una carga electoral bastante fuerte, y que no es una decisión que beneficie ningún proceso electoral interno en el país o en cada uno de los partidos políticos.
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Modificaciones por el delito de fraude electoral
De igual manera, dichas reformas también buscan sancionar todo aquel atentado al sufragio y casos especiales de fraude electoral. A todas estas modificaciones se ha mencionado que irán, por lo menos, para 30 años de prisión para la persona que lo cometa.
«Estas modificaciones van encaminadas a penalizar todas aquellas conductas que interfieran, bloqueen o haga manifestaciones masivas al sistema informático electoral; y hay una penalidad de 15 a 20 años de prisión, haciendo ciertas peculiaridades cuando este fraude sea sometido por funcionarios públicos», mencionó Machado.
Agregó que, si el delito lo cometen:
- Estructuras de crimen organizado
- Estructuras delictivas
- Actores políticos
Las multas estarían incrementando entre los 15 y 30 años de prisión. Aún no se conoce cuáles son las reacciones por parte de los diferentes diputados de la Asamblea Legislativa a esta nueva medida. Por el momento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha iniciado su proceso para hacer el llamado a los partidos políticos legalmente inscritos en que hagan su convocatoria de elecciones internas.
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