El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, preso desde junio de 2021, y a otros dos exempleados de la comuna capitalina, por la presunta retención de $275,145 dólares en perjuicio de los empleados de la alcaldía, entre junio y diciembre de 2020.
Así lo informó El Noticiero:
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En horas del mediodía, la periodista Wendy Valladares, de informativo Tele2 cubrió todos los pormenores del suceso.
Los otros dos acusados son Francisco José Rivera, representante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, y Fernando Heriberto Portillo, extesorero. Los delitos específicos son:
- Incumplimiento de deberes.
- Apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
El exdil compareció de forma virtual, y mostró un curioso cartel a la cámara, con la inscripción: «Karlita te amo».
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La audiencia preliminar finalizó el pasado 30 de marzo, y se llevó a cabo ante el mismo Juzgado. En ese entonces, solicitó al juez que le dé el sobreseimiento definitivo (suspensión del proceso penal), y lo dejen en libertad, o en todo caso, le den tratamiento médico, pues cree que podría tener «cáncer».
Así lo hizo saber la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter:
Muyshondt permanece bajo arresto desde junio de 2021. En el mismo mes de este 2023, cumplirá dos años como privado de libertad. En septiembre de ese año, jueces de la Cámara Tercera de lo Penal le otorgaron prisión domiciliar, pero en octubre, otros nuevos revirtieron la decisión.
Para este año, en enero, fuentes contaron a periódicos locales que lo hospitalizaron luego de una supuesta huelga de hambre de cuatro semanas, que habría mermado más su salud.
Dos procesos más de Muyshondt
Además, Muyshondt tiene dos procesos penales más en su contra, que han quedado pausados. Uno es por los mismos delitos por los que hoy se ha enviado a juicio.
En este caso, la FGR dijo, en su portal web, que habría sido en perjuicio de 41 víctimas y 54 entidades financieras, y que los montos retenidos ascienden a $5 millones.
Entre los afectados, según la FGR, se encuentran:
- Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
- Sindicatos
- Bancos
- Cooperativas
- Personas que brindan servicios profesionales
Y el otro es por supuestas negociaciones con miembros de estructuras criminales, en el marco de las elecciones presidenciales del año 2014, y de alcaldes y diputados del 2015.
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