Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, visitó el foro de Debate TCS, con el fin de hablar del nuevo cerco de seguridad implementado en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. Esto, luego del asesinato de un policía por un presunto pandillero, al cual ya capturaron.
Para el letrado, es importante que el Estado utilice todos sus mecanismos coercitivos y su aparato de inteligencia en la detección del presunto culpable del crimen. Sin embargo, cree que el operativo en Nueva Concepción es parte de un «espectáculo» de seguridad, que genera «réditos» en la opinión pública.
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Según él, busca generar dos cosas:
- La percepción de que todavía hay inseguridad, y por lo tanto, la necesidad de continuar con el régimen de excepción.
- La percepción de que el Gobierno es protector de la población, y que hace acciones encaminadas a ello.
Política pública para enfrentar inseguridad
Escobar piensa que es necesario que se ejecute una política pública para luchar con las estructuras criminales, pero desde un enfoque de respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, y las garantías fundamentales de las personas. «Sí, lo puede hacer, sin violar los derechos», aseguró.
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Además, añadió que no se sabe la cifra exacta de miembros de estructuras criminales que hay en la actualidad, aunque acotó que las autoridades «deben» conocerla. Respecto a eso, el ministro Merino Monroy, en Frente a Frente, el pasado 27 de febrero, mencionó que faltaban cerca de 30,000 personas por capturar.
En ese entonces, se habían detenido casi a 65,000. Hoy, esa cifra se encuentra en más de 68,000.
Bukele sobre las ONGs
Sobre el mensaje que el presidente Bukele envió hacia las ONGs luego del homicidio del agente, en la que las acusaba de «velar por los derechos de los criminales», Escobar afirmó que es «lamentable». Y que ninguna ONG está «a favor» de pandillas, sino que piden respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, la Constitución y los tratados internacionales.
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Según él, el discurso del mandatario es de un «autoritario», y que hay una narrativa «perversa» detrás de él, pues intenta «hacer creer» que las organizaciones defienden a los criminales de sus delitos.
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Presunción de inocencia y detenciones arbitrarias
Asimismo, aseguró que se han registrado capturas por «nerviosismo» y otros criterios no válidos para detener a alguien, y que la presunción de inocencia contempla considerarlo inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En ese caso, el Estado debe probar a la persona su culpabilidad o participación en un delito, y no al revés (carga de la prueba).
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Además, prevé que un futuro haya demandas internacionales contra el Estado por las presuntas detenciones arbitrarias, así como por las más de 100 supuestas muertes de personas en custodia de las autoridades, que registran ONGs.
Acción Ciudadana sobre supuesta tortura
Para finalizar, sobre los presuntos casos de tortura en las cárceles, que ha reportado Cristosal, afirmó que «es probable», y que, a pesar de que no los puede probar, «no dudaría» que existen. «Ya hay denuncias de estos casos«, finalizó.
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