Esta mañana, en la entrevista “Frente a Frente”, el Dr. Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (ICTI-UFG), habló sobre algunos puntos de la propuesta de Ley de Educación Superior.
Picardo explicó que esta ley es un instrumento normativo que regula todo el sistema y parte del Artículo 61 de la Constitución que enuncia:
“La educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico. Deberán prestar un servicio social, respetando la libertad de cátedra. Se regirán por estatutos enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará los principios generales para su organización y funcionamiento”.
Con el paso de los años y el previo estudio de expertos, ahora aparece una nueva ley que tiene algunos aspectos innovadores; por ejemplo; la métrica curricular, que ahora es por crédito académico y no por unidades valorativas (UV).
Una modalidad que, desde la perspectiva de Picardo, solo aquí en el país existía comparado a otros centros de estudios a nivel internacional. Una situación que ha dificultado «la movilidad, intercambio e internacionalización de los estudiantes”.
En este punto, Picardo explicó que la diferencia es que las UV son 20 horas atendidas por un profesor, pero el concepto de crédito son 25 horas de todas las actividades de aprendizaje que tiene el estudiante, estas pueden ser clases, actividades pragmáticas, pasantillas.
Cambios fiscales en la educación superior:
Otro aspecto que tiene la nueva legislatura, y que resulta preocupante, según Picardo, para algunas universidades pequeñas es el pago de horas clase (en el caso de pregrados debe ser un porcentaje del 3% del salario mínimo y en post grado el 10% del salario mínimo). «Actualmente, el pago de la hora clase estándar es muy bajo, anda entre 6 y 8 dólares, con la reforma pasaría el primero pasaría a 9.60 y en el segundo sería a $36.00 y si sube el salario mínimo sería a $40.00».
Además, con la nueva ley, se exige que se invierta 3% del presupuesto en investigación para institutos superiores y 5% para universidades.
Un tercer impacto fiscal que Picardo señala es que la acreditación va a ser pagada. “Hasta la fecha es voluntaria y gratis”. Con el cambio será “obligatoria y pagada”.
En el último impacto fiscal, está relacionado con la enseñanza de los alumnos. Por ejemplo, en pregrado, los profesores deben tener el grado superior inmediato. “Todos los que enseñen, licenciaturas, ingenierías y arquitectura deben tener una maestría”, añadió.
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Más cambios que se darán para las universidades:
- Se cambiará el concepto de proyección social por vinculación social.
- Los institutos tecnológicos serán incluidos en una categoría. “Son integrados en la categoría de institutos especializados… Es un tema conceptual”.
- Especialidad académica será grado académico.
- Exige difusamente el dominio intermedio de un segundo idioma de cualquier grado académico.
- Se elimina el servicio social para postgrados.
- Se legisla las titulaciones conjuntas (Aquí entran los convenios con otras universidades para entregar dos títulos a la persona).
- Relación de docentes a tiempo completo
- Plan Nacional de Becas
- Derecho a los estudiantes con discapacidad.
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