El expresidente peruano Pedro Castillo seguirá detenido por 48 horas más en una cárcel de Lima; esto por orden del juez César San Martín Castro, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
Dicha Sala rechazó la apelación presentada por la defensa del expresidente, en la que solicitaba la anulación de su detención preliminar, declarándola “infundada”. Además, negó los delitos de rebelión y conspiración que le atribuye la Fiscalía y denunció ser arbitrariamente detenido.
“Es obvio que se está ante un delito conminado con una pena no menor de diez, o alternativamente de cinco años de privación de libertad, y perpetrado por la máxima autoridad del Estado, lo que confiere gravedad a los hechos”, menciona la resolución.
Asimismo, afirmó en la resolución que se está ante peligro de fuga porque el “investigado pretendía alejarse de la persecución penal recurriendo a la figura del asilo, cuyos primeros pasos ya había adelantado”.
Por otro lado, ayer se realizó una audiencia de revisión para evaluar el período de 18 meses de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
A pesar del atraso en la fecha, la defensa solicitó postergarla para “revisar adecuadamente el requerimiento de prisión preventiva” informó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Pedro Castillo y su intento de Golpe de Estado
El pasado miércoles 7 de diciembre, Castillo intentó un autogolpe de Estado al anunciar en cadena nacional la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones de un Congreso Constituyente que redactará una nueva Constitución. Esto sucedió antes de realizarse una moción de vacancia en el Congreso que buscaba su destitución.
Después de su anuncio, intentó refugiarse en la Embajada de México y hasta llamó al presidente López Obrador para anunciarle que iba en camino a solicitar asilo, pero fue arrestado antes por su escolta.
Finalmente, el Congreso aprobó la moción con 101 votos y fue destituido por “Permanente incapacidad moral”, siendo reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, que ahora funge como presidenta.
El jueves 8 de diciembre, el juez Juan Carlos Chekley ordenó la detención preliminar en flagrancia del mandatario por un plazo de siete días, cuya vigencia terminó ayer miércoles.
Protestas en Perú
La detención desató desde el domingo una ola de protestas en la nación andina, exigiendo la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la liberación del exmandatario y la convocatoria a elecciones generales para sustituir el Congreso.
Las protestas han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad, dejando un saldo de ocho muertos y más de 200 heridos entre civiles y policías, según las autoridades.
El ministro de Defensa, Luis Otárola, declaró ayer la imposición de un Estado de Emergencia Nacional por 30 días para proteger la infraestructura y el orden interno del país debido “a los hechos vandálicos y violentos de toma de carreteras y caminos, y que requieren una respuesta contundente del gobierno”.
Te podría interesar: Personal de enfermería de Reino Unido realiza una huelga
