En un breve mensaje a la Nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció la noche de ayer, 29 de octubre, que solicitará al Tribunal Electoral (TE) convocar una consulta popular para que el 17 de diciembre de 2023, el pueblo panameño defina el futuro del contrato minero o Ley 406.
“He escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá, creo en la democracia y como presidente, entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular”, sostuvo Cortizo Cohen.
De igual manera, el mandatario sostuvo que, a través de la participación ciudadana mediante el voto, «podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento».
El mandatario también anunció que el Gobierno elevará, a Ley, la prohibición de la minería metálica a nivel nacional.
Dicho anuncio se produjo después de que miles de personas salieran a las calles a lo largo de la semana pasada para protestar después de que el Estado panameño diera ‘luz verde’ a Minera Panamá, subsidiaria de una empresa minera canadiense, para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La Policía de Panamá informó de cortes de calles en distintos puntos del país e hizo un llamamiento a la calma, puesto que más de 400 personas fueron detenidas desde el estallido de las protestas, en las que han participado:
- Obreros de la construcción
- Profesores
- Ambientalistas
- Profesionales de la salud
- Entre otros.
Contrato minero
La firma de un nuevo contrato minero con la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, pese al rechazo ciudadano, podría llevar al país y al gobierno del Partido Revolucionario Democrático a enfrentar una nueva crisis social.
Las manifestaciones en contra del contrato minero, empezaron a finales de marzo, cuando el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa y se conoce por primera vez lo negociado por ambas partes, tales como:
- Expropiación de tierras
- Restricción del espacio aéreo
- Extensión de concesión de tierras
- Vigencia del contrato por 20 años prorrogables
- Pago mínimo de 375 millones de dólares.
Entre otras cosas referentes a lo ambiental encendieron las alarmas de parte de la población, sobre todo de ambientalistas y las comunidades de Donoso y Omar Torrijos, donde se da la actividad minera.
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