En realidad, no es una ley, es un castigo de 10 años que se aplica a migrantes que han estado indocumentados en EEUU cuando quieren legalizar su situación.
El gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva convocó ayer al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos para pedir explicaciones sobre el trato “denigrante” a los deportados que llegaron el viernes a Brasil.
