Decenas de transportistas y pequeños comerciantes lideran una protesta. Es la segunda en menos de dos semanas en el país. El objetivo de la manifestación es el rechazo en contra de las extorsiones y asesinato del crimen organizado en Perú.
La marcha ocasionó la paralización de cientos de vehículos de transporte público en el interior del país. Johan Huaman indicó que la situación es incontrolable, en la que a dos compañeros de trabajo ya perdieron la vida como consecuencia de la ola de violencia.
El asesinato de las víctimas responde al cobro de extorsiones y, negarse a esa petición, su vida fue la forma de pagar el acto delictivo. De acuerdo con los reportes de la prensa local, los grupos piden hasta los 13 mil quinientos dólares mensuales por compañía de transporte.
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Los mismos transportistas han asegurado que, al no cancelar la cuota que les exigen, los grupos criminales se encargan de atacar las unidades, sin importar que estos estén con usuarios. En lo que va del año, los denunciantes indican que ya se tienen 14 ataques y 3 choferes asesinados.
Eber Berrios es uno de los familiares y padre de un conductor que murió en esas circunstancias. Él aseguró que, por atacar al empresario, terminan dañando al trabajador y a sus familias que lloran ahora la ausencia de su ser querido.
Luego de una primera protesta y el paro del transporte en Lima, el pasado 26 de septiembre el Estado decretó estado de emergencia en 14 de los 43 distritos de la capital. Pese a esta medida, el gobierno de Dina Boluarte,ha resaltado que trabaja con firmeza para enfrentar la criminalidad.
Pese a ellos en la marcha, los asistentes piden que se ejecuten nuevas medidas contra los extorsionadores, “Ya estamos cansados de que nos quiten la vida, de que nos maten de salir de nuestros hogares y temer no regresar, de eso estamos cansados”, dijo Juan Carlos del Castillo del Transporte Público.
Fuente: Christian SIERRA / AFPTV / AFP.
Las autoridades además han movilizado 38 unidades de la Fuerza Armada y la Policía dispersó con bombas lacrimógenas para evitar la llegada de los manifestantes en su intento por llegar a la sede del Parlamento. Entre enero y septiembre se han contabilizado 14,220 denuncias de extorsión.
De igual manera, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mencionó en su cuenta X que están trabajando para endurecer las penas para aquellas personas que hacen sicariato o extorsión.
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