El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya definió la cantidad de centros de votación que se desplegarán a nivel nacional, para que la población salvadoreña pueda ejercer el sufragio en las próximas elecciones de 2024. La cifra asciende a los 1,595 puestos.
Entre estos, se incluyen 13 «bolsones«, para aquellos ciudadanos cuya dirección no esté en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
El magistrado propietario del TSE, Noel Orellana, puntualizó que suscribirán convenios, principalmente con el Ministerio de Educación (MINED), pues el 70% de centros de votación se ubican en escuelas. Y especificó que se utilizarán los mismos sitios que albergaron los comicios de 2021, en su mayoría.
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Además, agregó que, en un centro de votación, puede haber varias urnas, por lo que la cifra total se ampliaría.
Todavía no se ha definido la cantidad de centros de votación que se instalarán en el extranjero, para la diáspora. Sin embargo, Orellana recordó que el 97% de compatriotas en el exterior residen en Estados Unidos.
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Empresas que implementarán voto electrónico
El 12 de abril, el TSE cerró el plazo para recibir ofertas de las empresas interesadas en implementar el diseño, logística y funcionamiento del voto en el exterior, en ambas modalidades (electrónico por internet, y presencial en un centro de votación).
La institución confirmó, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, que fueron ocho las empresas que se postularon para el proyecto:
A continuación, los nombres de los aspirantes:
El proceso de contratación se hará de manera directa, es decir, el TSE no tendrá que seguir los pasos establecidos en la nueva Ley de Compras Públicas, que mandata a someter a concurso público (licitación) las contrataciones del Estado.
El TSE utilizó la potestad que le brinda el artículo 24 de la Ley de Voto en el Exterior, que excluye esos movimientos de la aplicación de la Ley.
El organismo justificó que la decisión se tomó por considerarse «urgente», y el magistrado Orellana afirmó que «ya no había tiempo« de hacer el proceso como lo establece la ley.
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