El Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó los resultados del informe sobre la libertad de prensa y el acceso a la información pública en el año 2022.
En él, se recogen datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que reflejan que el año pasado se registraron 147 vulneraciones y 161 afectaciones contra periodistas, dentro de las que se incluyen despidos arbitrarios, acoso laboral, vigilancia, acoso digital y restricciones al ejercicio del periodismo.
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Además, refleja un retroceso en la obtención de información oficiosa de las instituciones públicas.
Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio, dijo que, contrario al «espíritu de la ley, que busca que las instituciones transparenten toda la información posible, la reserva de información ha sido un recurso legal constantemente utilizado».
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La segunda característica ha sido la falta de fundamentación o argumentación de por qué se está reservando tal o cual información.
Mencionó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuya titular es Raquel de Guevara, archivó información relativa a expedientes de compras, argumentando que esta ponía en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas.
El informe de la UCA sobre periodistas en 2022
El informe consta de 107 páginas, y revela la naturaleza de algunas afectaciones.
Informa que el software Pegasus ha sido un «potente instrumento de espionaje«, y que 35 periodistas y miembros de la sociedad civil fueron infectados con el programa entre julio de 2020 y noviembre 2021, creado por la empresa tecnológica de origen israelí, Grupo NSO.
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Pegasus / https://drive.google.com/file/d/1DKn0bGcsdU5SS5DqmDLMqGXg2MnKKu24/view
Representantes de Cristosal, Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), un economista y un columnista serían los miembros civiles infectados, según el informe.
De igual forma, las organizaciones identificaron a un supuesto cliente de Pegasus que opera casi exclusivamente en El Salvador desde al menos noviembre de 2019, llamado Torogoz.
Cliente de Pegasus / https://drive.google.com/file/d/1DKn0bGcsdU5SS5DqmDLMqGXg2MnKKu24/view
La APES presentó un aviso en la Fiscalía este año por ese caso. Hasta el momento, dos delegados del gremio fueron citados a declarar, sin mayores avances.
Exilio de periodistas
Por otro lado, 11 periodistas se encuentran fuera del país en condición de exilio, 4 mujeres y 7 hombres. Los motivos se relacionan con supuestas amenazas de funcionarios públicos o particulares, acusaciones de posible vinculación con estructuras criminales, y acusaciones penales «infundadas».
Exilio / https://drive.google.com/file/d/1DKn0bGcsdU5SS5DqmDLMqGXg2MnKKu24/view
Según datos de la APES, desde 2019 a 2021, se registraron 421 ataques contra periodistas y profesionales de la información. En 2019 fueron 77, en 2020, 125, y en 2021, 219.
El informe asegura que la mayoría de abusos entre 2019 y 2021 fueron del presidente de la República, Nayib Bukele. Agrega que desde 2021, la Asamblea Legislativa se convirtió en otro elemento de ataque.
Ataques / https://drive.google.com/file/d/1DKn0bGcsdU5SS5DqmDLMqGXg2MnKKu24/view
Según datos de 2022 de la APES recogidos en el informe, 25 agresiones se tipificaron como ataque digital y 11 como acoso digital. Además, se reportaron 23 agresiones relativas a restricción del ejercicio periodístico, y 20 declaraciones «estigmatizantes» hechas, principalmente, por funcionarios públicos.
Tipo de ataques / https://drive.google.com/file/d/1DKn0bGcsdU5SS5DqmDLMqGXg2MnKKu24/view
Información oficiosa
El análisis presenta un cuadro revelando las instituciones públicas que más y menos cumplen con sus obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Según las mediciones del observatorio, el Ministerio de Salud (Minsal) es el que más cumple, y la Fiscalía General de la República (FGR) la que menos.
Cumplimiento de instituciones / https://drive.google.com/file/d/1DKn0bGcsdU5SS5DqmDLMqGXg2MnKKu24/view
