La región de Ahuachapán, específicamente en el cantón Las Chinamas y el municipio de San Lorenzo, está siendo objeto de mucha actividad sísmica. Ya se registran un total de 483 sismos, según la última actualización de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
En su cuenta de Twitter, el organismo colgó una foto con los datos, que están actualizados hasta las 5 p.m. de hoy, 19 de enero. Además, confirmó lo que ya decía hace dos días el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en Debate TCS. Donde puntualizó que los sismos no tienen origen volcánico. El organismo escribió:
“Continúa la serie sísmica entre el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán, y territorio guatemalteco. El origen de esta actividad es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica”.
En la misma imagen se aprecia que la institución recuerda los dos sismos principales que desencadenaron la montaña de réplicas que se han producido hasta el momento en la zona. Aquellos fueron de magnitud de 5.3 y 5.1 en la escala de Richter, mientras que el resto, 479, han sido réplicas.
Serie sísmica
El ministro López ya explicó hace dos días en Debate TCS la diferencia entre una serie sísmica y un enjambre sísmico. El titular dijo:
“Son muy parecidas. La diferencia es que en una serie sísmica hay un evento principal, un sismo de mayor magnitud y hay varias réplicas. En cambio, un enjambre sísmico son muchos sismos de magnitud pequeña que suceden en un mismo lugar”.
Medidas de contingencia y evaluación de daños ante los sismos
El director de Protección Civil, Luis Fernando Amaya, platicó ayer en el foro de Debate TCS las medidas tomadas para proteger a la población durante la emergencia. Entre otras cosas, explicó que se habilitaron ocho albergues, y que evacuaron a todas las personas en situación vulnerable.
Agregó, además que se han dañado cerca de 300 viviendas, de las cuales 190 han quedado “básicamente inhabitables”. En esa línea, dijo que el ministerio de Vivienda será el encargado de evaluar una posible restitución económica a los afectados con la pérdida de su vivienda.
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